La Asociación de Enfermos Renales denuncia discriminación sanitaria, falta de acceso al trasplante y abandono institucional en el área de Hellín.
La Asociación de Enfermos Renales de la Comarca Campos de Hellín y Sierras del Segura y Alcaraz (ADERHE) ha solicitado formalmente la intervención de la Alta Inspección Sanitaria del Estado para que investigue el modelo de atención que reciben los pacientes renales en Hellín, una situación que el colectivo considera injusta, discriminatoria y contraria a la legislación sanitaria vigente.
La asociación denuncia meses de silencio institucional y la cancelación, sin nueva fecha, de una reunión clave prevista para el 30 de diciembre de 2025 con responsables de la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha, ALCER y ADERHE. Mientras tanto, aseguran, los enfermos renales continúan sufriendo las consecuencias de un sistema que limita su acceso a tratamientos esenciales y al trasplante renal.
Tras asesorarse con un gabinete jurídico especializado en Derecho Sanitario, ADERHE ha elevado una denuncia múltiple al Ministerio de Sanidad, solicitando que la Alta Inspección revise, punto por punto, cómo se está atendiendo a los pacientes renales del área de Hellín y por qué muchos de ellos están quedando fuera de los programas de trasplante.
Esta acción se suma a las quejas ya presentadas ante el Defensor del Pueblo, cuya oficina ha abierto un nuevo expediente tras recibir documentación adicional que, según la asociación, compromete la actuación de la Consejería de Sanidad regional.
Uno de los aspectos más graves denunciados es la desigualdad territorial en el acceso a la diálisis. Los pacientes del área sanitaria de Hellín se ven obligados a desplazarse varias veces por semana hasta Albacete, provincia que solo cuenta con un centro de diálisis, mientras que otras como Ciudad Real disponen de hasta tres centros, pese a estar mejor comunicadas y dentro de la misma comunidad autónoma.
ADERHE considera esta situación una discriminación “inhumana e inadmisible”, especialmente para pacientes que viven en zonas rurales y de montaña como la Sierra del Segura y Alcaraz, donde los desplazamientos suponen un desgaste físico y emocional añadido.
La asociación también cuestiona quién evalúa realmente a los pacientes y con qué garantías. Denuncia que muchos enfermos son atendidos en un centro concertado sin acceso completo a su historia clínica hospitalaria, una carencia reconocida por la propia Administración y corroborada por el Defensor del Pueblo, que impide valorar adecuadamente su idoneidad para trasplante.
Además, ADERHE ha pedido que se investigue si los fondos públicos destinados al Centro de Diálisis de Albacete se están utilizando conforme a la ley, así como si existe un control real por parte de la Consejería y del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete sobre un servicio de alto riesgo como la hemodiálisis.
La asociación recuerda que la creación de un Centro de Diálisis en Hellín fue aprobada por unanimidad en las Cortes regionales en noviembre de 2024 y respaldada por el Defensor del Pueblo. Sin embargo, más de un año después, no existe calendario ni compromiso concreto para su puesta en marcha.
Desde ADERHE insisten en que su lucha no busca un trato de favor, sino el cumplimiento de los derechos que reconoce la legislación sanitaria. “Después de meses de silencio institucional y de una reunión cancelada sin alternativa, hemos tenido que acudir al Estado. No pedimos privilegios, pedimos que se cumpla la ley y que se proteja la vida de los pacientes”, concluye el colectivo.
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