El GM del PP exigirá mediante Moción en el Pleno Ordinario la supresión de un impuesto que todavía no existe relacionado con el agua

Según lo establecido en al artículo 73 y 74 del reglamento de organización y funcionamiento del Ayuntamiento de Hellín, 

El grupo municipal del Partido Popular de Hellín presenta, para su debate y aprobación, si procede, ante el Pleno de la Corporación la siguiente Moción– Propuesta de supresión del nuevo impuesto creado relacionado con el agua y eliminación de las subidas de los cánones de aducción y depuración aprobados por el Gobierno de Castilla-La Mancha en la Ley 2/2022, de 18 de febrero, de Aguas de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El pasado 17 de febrero, el Gobierno de Castilla-La Mancha daba luz verde a la denominada “Ley de Aguas de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha”, una ley aprobada en solitario, que contó únicamente con los votos a favor del Partido que apoya al Gobierno, el PSOE. La Ley se publicó en el DOCM de 28 de febrero.

Estamos ante una ley engañosa, ya que esta ley no es una Ley del Agua (como pretende hacernos creer el Gobierno del Sr. Page y el PSOE). Es una ley que, con la excusa del agua, aumenta, de nuevo, la presión fiscal de los castellano- manchegos. – De una parte, crea un nuevo impuesto al agua, al que llama, en un intento de confundir a los ciudadanos, canon medioambiental o canon DMA (canon Directiva Marco del Agua).- De otra parte, aumenta dos tasas ya existentes, como son los cánones de aducción y de depuración.

De los 118 artículos de que se compone la norma, 76 (2/3 partes de la misma) son tributos y sanciones, de ahí que esta ley sea un ENGAÑO, comenzando por el título de la misma. Esta ley no es una Ley del Agua, sino una Ley TRIBUTARIA, por lo que debería llamarse “Ley de los TRIBUTOS del Agua de CLM”. Estamos ante una ley que no aporta una sola gota de agua a Castilla-La Mancha, que no garantiza más agua para Castilla-La Mancha, que no resuelve los problemas ni las carencias de agua en nuestra región y que no resuelve los problemas medioambientales relacionados con el agua. Es una manera de encubrir, bajo un título engañoso, la creación de un nuevo impuesto en Castilla-La Mancha. Esta ley es un nuevo engaño del gobierno del Sr. Page, en la misma no hay agua, sólo hay tributos. 

Esta norma, ni es una Ley del Agua, ni responde a los acuerdos adoptados en el marco del Pacto Regional del Agua. Esta es otra de las muchas mentiras del Gobierno del Sr. Page en relación con el agua. Este Pacto, salido de la Mesa del Agua, cuya creación propuso el presidente del PPCLM, Paco Núñez, se firmó prácticamente por unanimidad el 9 de diciembre de 2020 y en él no hay ni una solo referencia a la necesidad de una ley como ésta, no se encontrará ni una sola referencia a recaudar más ni a crear nuevos impuestos relacionados con el agua. De hecho, en el texto de la norma no aparece mención alguna, ni a la Mesa Regional del Agua, ni al Pacto Regional del Agua en Castilla-La Mancha, del que, después de 15 meses de su firma, todavía no se ha cumplido ni uso solo de los compromisos asumidos en el mismo.

Tampoco es una obligación impuesta por la Directiva Marco del Agua, que es otro de los argumentos que se esgrimen por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha, que viene a decir que es “cosa de Europa”. No es cosa de Europa, es un invento de Emiliano García-Page y del Partido Socialista de Castilla-La Mancha para que los castellano-manchegos paguemos más impuestos. De hecho, la Directiva Marco del Agua es del año 2000, han pasado ya 22 años, si el nuevo impuesto aprobado fuera cosa de Europa y de la Directiva Marco del Agua, llevaría ya 22 años en vigor. Con esta ley, el Gobierno Socialista tampoco pretende recuperar costes de los servicios relacionados con el agua (ya están incluidos en los cánones de aducción y depuración), pretende aumentar la carga fiscal sobre los castellano-manchegos, no sólo incrementando el tipo de gravamen de los cánones existentes, sino creando un nuevo impuesto que se cobrará indiscriminadamente a todos los ciudadanos, con independencia de que el Gobierno de CLM abastezca o no, y depure o no sus aguas. 

Se intenta justificar igualmente por el Gobierno la creación de este nuevo impuesto alegando que la “carga fiscal es muy pequeña”. Nada más lejos de la realidad. No sólo vamos a tener que pagar las subidas de los cánones de aducción y de depuración -de un 15,26% y de más del 30% de media respectivamente-, sino que vamos a tener que pagar una nueva factura por el nuevo impuesto aprobado, un nuevo impuesto por el que el Gobierno de Castilla-La Mancha pretende recaudar más de 57 millones de euros anuales que, junto con las subidas de los cánones de aducción y depuración, incrementará la recaudación en más de 70 millones de euros anuales. Todo un impuestazo al agua y un nuevo sablazo para todos los castellano-manchegos.  

Como se ha indicado, se alega que la carga fiscal es muy pequeña, no es cierto. Para una vivienda, sólo por este nuevo impuesto, aunque el consumo sea “0”, una familia de 3 miembros va a pagar al año 50 euros más. Si el número de miembros de la unidad familiar es de 4, el incremento anual será de 60 euros, incrementándose notablemente con consumos normales. Si a ello le sumamos los incrementos de los cánones de abastecimiento y depuración, en el primer caso el incremento puede superar los 76,15 euros; en el segundo estará próximo a los 100 euros. A esto le llama el PSOE una “carga fiscal muy pequeña”. Para usos no domésticos, las subidas son preocupantes: una peluquería, verá incrementado el coste por la factura del agua entre 60 y 200 euros al año por el nuevo impuesto (dependiendo del tamaño del municipio y de la peluquería).  Un lavadero de coches (20 coches al día, con un consumo de 400 litros/coche), en más de 1.500 euros al año. Una bodega pequeña, en más de 1.000 euros al año…A esto también le llama el PSOE “una carga fiscal muy pequeña”.

Para las redes municipales, los ayuntamientos también van a tener que pagar por las pérdidas de agua en las redes municipales. 

Esta ley tampoco incorpora, como se anunció por parte del Gobierno, el Plan de Depuración de Aguas, anunciado desde el año 2016 y del que todavía seguimos en fase de anuncio y propaganda. De hecho, en la página web de la Junta aparece desde hace meses el siguiente texto “Depuración. Espacio en desarrollo, en breve dispondremos de información actualizada. Disculpen las molestias”.

Esta ley entrará en vigor a los 20 días de su publicación en el DOCM. No obstante, todo lo relativo al nuevo impuesto entrará en vigor en un plazo de 6 meses, y los supuestos de pérdidas en las redes de abastecimiento a los cuatro años. Y para los cánones de aducción y depuración, se establece un periodo transitorio de 5 años. 

Estamos ante un impuesto inoportuno e innecesario. Inoportuno porque ni las economías familiares ni las empresariales están para que les vuelvan a aumentar la presión fiscal, para que les vuelvan a meter la mano en el bolsillo con nuevos impuestos. Un momento en el que lo que necesitamos en todo lo contrario, ayudar a las familias a salir adelante y ayudar a las empresas a recuperarse económicamente después de la pandemia y después de las consecuencias que traerá la invasión de Rusia a Ucrania, un momento en el que lo que necesitamos en bajar impuestos, Page y el PSOE de Castilla-La Mancha hacen todo lo contrario, volver a subirnos los impuestos de nuevo. Es innecesaria porque para el cumplimiento de la finalidad con la que se crea, ya están los cánones de aducción y depuración. 

Como ya hemos dicho, con esta ley no hay más agua, lo único que hay es más impuestos, esta es su única finalidad. 

Por todas las razones expuestas, porque esta ley no es una ley del agua sino una ley tributaria, los concejales del grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Hellín, presentan al pleno de la corporación para su estudio, debate y aprobación, si procede, los siguientes:

ACUERDOS

Primero. – Instar a la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha la supresión del nuevo impuesto al agua -canon medioambiental o canon DMA- aprobado por el Gobierno de CLM, dejándolo sin efecto.

Segundo. – Instar a la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha a retrotraer los cánones de aducción y depuración ya existentes al momento anterior a la aprobación de la nueva ley, anulando las subidas de los mismos previstas en la ley aprobada.

En Hellín, a 22 de marzo de 2022.